Está el caso de Hélène Landemore, politóloga de Yale, quien en su libro “Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century”, describe a las instituciones formales de representación (e.g. congresos, legislaturas, etc.) como lugares “cerrados y vigilados” donde “sólo ciertas personas, con el traje, el acento, la riqueza y las conexiones adecuadas, son bienvenidas”. En el ámbito latinoamericano tenemos a Camila Vergara, catedrática de leyes en la Universidad de Columbia, para quien las instituciones formales de representación terminan siempre irremediablemente dominadas por las élites económicas, lo que desvirtuaría sus funciones.

A modo de respuesta, estos teóricos proponen mecanismos basados en la “democracia directa”, una forma de democracia sin intermediarios que permite la participación ciudadana al margen de los organismos formales de representación. Esta “democracia directa” sería superior a la representativa al eliminar trabas y requerimientos para aquellos ciudadanos que quieran tomar parte de los asuntos públicos. Desde esta perspectiva, la consulta de revocación en México de 2022, oficialmente denominada como Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, sería un novedoso ejercicio de democracia participativa y una forma de empoderar a los ciudadanos.

¿O no?

Pues no, de hecho no. Si algo ha quedado claro en este tema es que los teóricos mencionados arriba tienen un punto ciego en su análisis: la posibilidad de que sean los gobernantes quienes capitalicen este ejercicio de “democracia directa” en beneficio propio. En efecto, la consulta de revocación de mandato fue promovida desde un inicio por el propio gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparentemente con dos objetivos. El primero sería movilizar a sus bases electorales de cara a las elecciones de este año y las presidenciales de 2024; y el segundo golpear al Instituto Nacional Electoral (INE) en su presupuesto y prestigio. Se pervierte de esta forma el espíritu de la ley que ampara este ejercicio de “democracia directa”. Recordemos que la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada en agosto de 2021 tenía como objetivo darle a la ciudadanía una herramienta legal para expresar su inconformidad, y en última instancia abrir la posibilidad de separar de forma pacífica y legal al presidente de su cargo. Nunca fue su objetivo dotar al presidente de una herramienta para movilizar a sus bases y atacar a las autoridades electorales.

Aquí la lección es que las buenas intenciones pueden ser torcidas en manos de políticos astutos. En este caso, cabe preguntarse si el ejercicio que se llevará a cabo el 10 de abril califica realmente como una consulta de revocación de mandato. Bajo el espíritu de la ley que la ampara, la respuesta es un rotundo no, pues no responde a una demanda ciudadana. La consulta es más bien un ejercicio de movilización gobiernista como los que vemos en países semi-autoritarios. Se confirma la regla: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.

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