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Durante su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a sacar a las Fuerzas Armadas de las calles y crear una Guardia Nacional que reemplazaría a la Policía Federal.

En 2019 el Congreso aprobó la Ley de la Guardia Nacional, creando un organismo nuevo cuyas facultades serían administradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), brindándole un carácter civil. Aunque el gobierno había contemplado que la gran mayoría de los elementos de la Policía Federal se integrarían a la Guardia Nacional (GN), solo alrededor de la mitad se incorporaron, lo que representa menos de una cuarta parte de los miembros actuales. Los demás integrantes de la GN son soldados de las Fuerzas Armadas. Incluso, la dirección de la GN y la capacitación de sus elementos quedó en manos de un general del ejército de dos estrellas, Luis Rodríguez Bucio.

No obstante, las primeras encomiendas de la GN fueron de naturaleza civil, como limpiar el sargazo de las playas, manejar los puertos y aduanas, construir obras de infraestructura gubernamental, controlar las caravanas migratorias, entre otras. Sin embargo, un decreto presidencial en mayo de 2020 extendió las responsabilidades de la GN para incluir tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años.

En agosto de 2022, el presidente López Obrador anunció que entregaría una propuesta legislativa para que la GN dependiera por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eliminando su carácter civil. El mandatario mexicano indicó que, si el Congreso de la República no impulsa la reforma para quitar el mando civil a la GN, realizará el cambio “en lo administrativo” por medio de un decreto presidencial.

El decreto, que apostaría por militarizar las funciones de seguridad pública, podría violar la Constitución y suponer una amenaza a la separación de poderes. El presidente subrayó la importancia de reformar la Constitución para que la GN y las Fuerzas Armadas puedan garantizar la seguridad, paz y tranquilidad ciudadana, un objetivo que los cuerpos policíacos civiles no han logrado.

Sin embargo, el presidente envió su propuesta al Congreso el 31 de agosto, y la Cámara de Diputados la avaló el 3 de septiembre con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, siguiendo pautas partidistas. El 9 de septiembre el Senado terminó por aprobar la reforma con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

Históricamente las Fuerzas Armadas mexicanas se han visto implicadas en violaciones de derechos humanos, particularmente mientras realizan funciones de seguridad pública. Varios miembros de la oposición, líderes de sociedad civil y activistas – incluyendo a la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Nada Al-Nashif – anticipan que la profundización de la militarización de la seguridad pública erosione a los mecanismos de responsabilidad gubernamental y aumente las violaciones de derechos humanos. Ante estas críticas, AMLO insistió que el ejército se ha profesionalizado y asumiría un papel clave en la lucha contra la corrupción. De igual forma, promueve la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas como una medida esencial para evitar su desmantelamiento en el futuro.

Con motivo de analizar lo que podrían implicar estos cambios y los efectos sustantivos de una reforma constitucional para transferir a la GN a las Fuerzas Armadas, el Instituto México sostuvo un diálogo entre expertos en derecho y seguridad el 19 de septiembre por Zoom.