Este domingo, Guatemala se enfrenta a unas elecciones complejas y cruciales que determinarán su futuro político en medio de condiciones extremadamente adversas. El proceso electoral se ve opacado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades y un creciente descontento ciudadano. Estos problemas se dan en un contexto político caracterizado por un deterioro democrático evidente, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones a los derechos humanos y una alta incertidumbre debido a una guerra de encuestas.

La eliminación de los candidatos Carlos Pineda, un empresario con discurso populista que lideraba las encuestas; Thelma Cabrera, una líder indígena de izquierda del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que ocupó el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y Roberto Arzú, un disidente de la elite, ha impactado negativamente en el proceso electoral y generado una profunda controversia. Los tres han denunciado “fraude electoral” e instado a sus seguidores a emitir votos nulos o en blanco como forma de protesta simbólica. Según un informe de El Faro English, estos candidatos han sido excluidos, mientras que otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico, han sido autorizados a participar en las elecciones. Este doble estándar ha generado preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral.

La combinación tóxica de estos hechos unido a la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral evidencia una creciente contaminación del proceso electoral y una falta de confianza en las instituciones encargadas de garantizar su integridad. Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE), y nacionales, como Mirador Electoral y la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), vienen advirtiendo en sus informes sobre estas debilidades.

Cabe destacar que estas serán las segundas elecciones generales de este año en la región, en el marco del superciclo electoral latinoamericano (2021-2024). Antes, el oficialismo fue reelegido en Paraguay el 30 de abril. La próxima cita electoral será en Ecuador, con elecciones anticipadas el 20 de agosto, después de que el presidente Guillermo Lasso activara la “muerte cruzada” a mediados de mayo. Finalmente, el 22 de octubre se celebrarán las elecciones generales en la Argentina, y el año culminará con un importante plebiscito constitucional en Chile el 17 de diciembre.

La primavera democrática ciudadana de hace 8 años, que demandó lucha contra la corrupción y la impunidad y una democracia de calidad, es hoy un recuerdo borroso”.

Erosión democrática

La expulsión intempestiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019 marcó un punto de inflexión en la erosión democrática. El informe final de la CICIG, titulado “Guatemala: un Estado capturado”, reveló los niveles alarmantes de corrupción e impunidad presentes en el país. A partir de ese momento, se inició un proceso de recaptura del Estado guatemalteco con la agenda de garantizar impunidad para las elites enquistadas en el poder (pacto de corruptos) y mantener el statu quo. La primavera democrática ciudadana de hace 8 años, que demandó lucha contra la corrupción y la impunidad y una democracia de calidad, es hoy un recuerdo borroso.

Las encuestas reflejan una débil cultura política democrática, con altos niveles de apatía y desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales. El apoyo a la democracia es de solo 37%, 12 puntos por debajo del promedio regional, que es de 49% de acuerdo al Latinobarómetro 2021. La confianza en los partidos políticos, el Congreso y el sistema judicial es extremadamente baja, lo que refleja un panorama institucional sombrío.

Hoy solo el 11% aprueba la gestión del gobierno de Alejandro Giammattei, y la mayoría de los guatemaltecos son pesimistas sobre el futuro del país. Los tres principales problemas para la población son inseguridad, desempleo y corrupción. Además, un porcentaje alarmante de la población (57%) dijo no tener problema con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas y un 51% toleraría un golpe militar ante altos niveles de corrupción.

En términos de derechos humanos y garantías, la situación es igualmente preocupante. Informes de organizaciones como WOLA y Human Rights Watch destacan la aplicación cuestionable de los criterios electorales, así como el desmantelamiento del Estado de Derecho. Esto ha generado un clima de miedo y vulnerabilidad entre aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, lo cual ha llevado a muchos periodistas, abogados, fiscales anticorrupción y activistas a abandonar el país en los últimos años.

El Tribunal Supremo Electoral se encuentra sumido en una profunda crisis de credibilidad: solo el 17% confía en su labor. Desde la formación de la actual magistratura, elegida mediante un acuerdo de la alianza gobernante, se ha percibido como ineficiente, carente de independencia y autonomía.

El mensaje enviado por el gobierno es claro: investigar la corrupción es un crimen que tiene un alto costo”.

También la libertad de expresión enfrenta múltiples amenazas. Según el índice de Chapultepec, el país ocupa el puesto 19 en cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, solo adelante de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Destaca el caso del periodista José Rubén Zamora, quien recibió una condena de 6 años de cárcel por supuesto lavado de dinero en un juicio plagado de irregularidades. Esta sentencia constituye una grave afrenta a la libertad de expresión no solo en Guatemala, sino en toda la región. El mensaje enviado por el gobierno es claro: investigar la corrupción es un crimen que tiene un alto costo.

Candidatos principales y tendencias

Más de 9 millones de ciudadanos guatemaltecos están habilitados para acudir a las urnas para participar en las elecciones generales de este domingo, para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 diputados del PARLACEN.

En sintonía con las tendencias regionales, en esta elección presidencial se observa una extremada fragmentación. Los electores tendrán más de 20 opciones en el tarjetón para presidente y vicepresidente, pero únicamente tres candidatos tienen posibilidad reales de disputar la presidencia: Sandra Torres (ex primera dama, fundadora del partido centrista la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), Zury Ríos (coalición de extrema derecha Valor-Unionista, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt) y Edmundo Mulet (ex diplomático, fundador del partido de centro derecha Cabal).

Una encuesta de este jueves de la empresa Prodatos publicada por el diario de mayor circulación Prensa Libre mostró a Torres con el 21.3%, Mulet con el 13.4% y Ríos con el 9.1%. La encuesta registra asimismo un alto volumen de personas que dicen que votarán en blanco, 14.8%, o que anularán su voto, 13.5%.

Este domingo se resolverán dos incógnitas: si los resultados serán aceptados y quiénes serán los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del 20 de agosto.

Doble riesgo

La ausencia de garantías electorales, la judicialización excesiva y la erosión del Estado de derecho generan una inquietud significativa respecto a la legitimidad e integridad del proceso electoral y la credibilidad de los resultados. La descalificación de diversos candidatos y las acusaciones de fraude electoral han intensificado el escepticismo y la incertidumbre entre los ciudadanos. No hay que descartar nuevas denuncias de irregularidades asociadas al desarrollo de la jornada electoral o escrutinio de los resultados o, incluso, un alto número de votos nulos y en blanco y una elevada abstención.

Frente a este panorama, el riesgo es doble: por un lado, que la alternancia que se lleve a cabo a nivel presidencial –la derrota del oficialismo es segura, ya que su candidato Manuel Conde tiene apenas un 5.8% de intención de voto– no traiga el cambio que Guatemala necesita desesperadamente. Y, por el otro, que el nuevo presidente electo carezca de legitimidad de origen y ello agrave la crisis política que vive el país.

De cara a este complejo escenario, las misiones de observación electoral -internacionales y nacionales- y la comunidad internacional deben mantenerse alertas y preparadas para defender la integridad electoral y respaldar a la democracia guatemalteca ante un eventual agravamiento de la situación política.

La legitimidad del próximo gobierno dependerá de la percepción de justicia y transparencia en el proceso electoral”.

Pero los ciudadanos guatemaltecos también deben desempeñar un rol esencial en este escenario. Tienen la responsabilidad de defender sus derechos, resistir a aquellos que buscan perpetuar un statu quo de corrupción e impunidad, y exigir unas elecciones con integridad y credibilidad.

La legitimidad del próximo gobierno dependerá de la percepción de justicia y transparencia en el proceso electoral. Solo con este compromiso Guatemala podrá mantener viva la esperanza de cerrar este sombrío capítulo de su historia y avanzar hacia un futuro más democrático y justo.