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La invasión de Ucrania por parte de Rusia, en clara violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, ha obligado a prácticamente todos los países a tomar una postura clara al respecto. El creciente costo en vidas civiles y los potenciales crímenes de guerra en Bucha hacen cada vez más difícil mantener una postura neutral o ambigua al respecto.

México, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU), ha mantenido una postura de liderazgo mediante la condena a la invasión -un tanto tardía pero enérgica-, y la presentación (junto con Francia) de una resolución para proteger a la población civil y favorecer la ayuda humanitaria a Ucrania, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 24 de marzo.

México reaccionó de manera oportuna al evacuar a 81 personas de Ucrania, lo que requirió de una compleja labor logística y de coordinación entre la Cancillería, la Fuerza Aérea Mexicana y las embajadas de México en Ucrania (cuya sede fue dañada durante los ataques rusos) y Rumania. Ello es un logro que se debe reconocer.

En lo referente a sanciones en contra de Rusia, la postura de México ha sido que no las adoptará de manera unilateral y sólo participará en sanciones multilaterales aprobadas por el CSONU, lo que nunca sucederá mientras Rusia mantenga su derecho de veto.

El rechazo a imponer sanciones unilaterales se ha justificado en ocasiones mediante el principio de no intervención de la política exterior mexicana, contenido en la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución. Sin embargo, enfocarse en otros principios contenidos en la misma Fracción X, como los de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales podría haber dado lugar a una postura distinta o a tomar medidas al margen del CSONU, que no serían violatorias del derecho internacional sino condenatorias de las violaciones del derecho internacional- incluidos en primer lugar los derechos humanos- por parte de Rusia.

De hecho, la postura de México en el tema de sanciones presenta una falsa dicotomía: las impondrá cuando lo autorice el CSONU (lo que no sucederá mientras Rusia mantenga su derecho de veto), pero de lo contrario no puede hacer nada al respecto. Es falso, porque como bien lo señala el Embajador Jorge Lomónaco existe el precedente de le denegación de visas a deportistas sudafricanos por parte de México durante la era del apartheid, sin la aprobación del CSONU.

A finales de marzo el General de la Fuerza Aérea Estadounidense, Glenn Van Herck, señaló durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos que el mayor número de integrantes de la agencia de inteligencia de Rusia (GRU) se encuentra en México. De ser el caso, México podría expulsar a integrantes del GRU y a otros diplomáticos rusos pero mantener al embajador con el fin de mandar una señal de repudio y a la vez continuar con el diálogo, como lo hizo España.

El Gobierno de México también podría dejar de adquirir bienes de Rusia. Por ejemplo, señaló que seguiría adquiriendo fertilizante ruso cuando nada obliga a ello. Tampoco hay obligación de promover el turismo con Rusia. A escasos días de la invasión, el Secretario de Turismo de México mediante Twitter saludó “con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea @aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México.”

Lo señalado con anterioridad compete al poder ejecutivo federal, pero el poder legislativo federal también se puede pronunciar al respecto. De hecho, varios diputados de MORENA, el PT, el PRI y el Partido Verde participaron el 23 de marzo- a un mes de la invasión de Rusia a Ucrania- en la instalación del Grupo de Amistad México-Federación de Rusia, y en dicha ceremonia el embajador de Rusia en México agradeció que México no impondrá sanciones a su país.

La reticencia del poder ejecutivo federal y de sus aliados en el congreso para imponer mayores costos a Rusia por su invasión a Ucrania no se debe a impedimentos constitucionales ni al derecho internacional. La postura actual es una decisión política que se puede modificar. México cuenta con un cuerpo diplomático profesional, experimentado y creativo que podría brindar una gama de opciones más asertivas en contra de Rusia y en favor de los derechos humanos, de las cuales solo mencioné algunos ejemplos. Sí se puede, y sí se debe, adoptar una postura más asertiva ante la invasión de Rusia. Es lo correcto desde una perspectiva ética, legal y de realpolitik en cuanto a las relaciones de México con su vecino al norte.