El problema de la criminalidad e inseguridad ha alcanzado un nivel de gravedad tal que trasciende el plano de la voluntad política y de la definición, diseño e implementación de una estrategia de seguridad adecuada y eficiente, y se ubica en un ámbito mucho más complejo y demandante: el plano de la construcción de las capacidades requeridas por el Estado mexicano para estar en condiciones de garantizar que el desarrollo del país y la vida cotidiana de los mexicanos pueda transcurrir con normalidad y tranquilidad. El Estado mexicano está técnicamente derrotado porque la pacificación, la recuperación del orden y la tranquilidad están más allá de sus actuales capacidades. La tarea de recuperar el control y reconstruir las capacidades institucionales del Estado tomará décadas.

La soberanía y gobernabilidad nacionales se han fragmentado y cada vez en más zonas geográficas se rinden, se comparten o están a la deriva ante el empuje de poderosas organizaciones criminales. A esto han contribuido decisivamente diferentes procesos estructurales: desde insuficientes capacidades institucionales e inadecuadas estrategias de seguridad, hasta paupérrimos niveles de eficiencia en el desempeño de tareas básicas por parte de las fuerzas del orden.

Esta dinámica de soberanía y gobernabilidad disminuidas y disputadas también ha contribuido a que se multipliquen zonas territoriales grises con órdenes públicos débiles e inestables, en cuyos claroscuros -como tiempo atrás lo hizo notar Gramsci[1]- han prosperado monstruosas atrocidades que plantean una ineludible disyuntiva: se frena ya el proceso de deterioro de la soberanía y la gobernabilidad ante el avance de la criminalidad, o el futuro de las generaciones por venir estará marcado por la violencia e inseguridad. Bajo ningún estándar de civilización es ético ni justo que una generación responsabilice a otras de enmendar los propios estropicios.

Del control territorial y la pax narca a la soberanía y gobernabilidad narcas

El Estado mexicano no solo ha perdido el control territorial de numerosas zonas geográficas: en esas áreas la soberanía y la gobernabilidad han pasado a manos del crimen organizado. No están simplemente extraviadas y a la deriva. En esos territorios la sociedad ha quedado desprotegida y a merced de las circunstancias. A la ya conocida pax narca ahora hay que agregar grados más profundos de perversión e involución del orden social: la soberanía y gobernabilidad narcas. En tales zonas no hay siquiera soberanía y gobernabilidad compartidas con el Estado[2], pues claramente ambas han sido capturadas por poderosas organizaciones criminales, cuyos líderes suelen ejercerlas con extrema e impía violencia. Arrojada al más crudo Hilflosigkeit, al más impío abandono y ausencia de socorro en medio de amenazas y riesgos extremos, la sociedad no tiene otra opción más que intentar sobrevivir la depredación y barbarie criminal con sus propias capacidades de sobrevivencia y adaptación.

Las autoridades de los Estados Unidos, principal socio comercial de México e indispensables aliadas en materia de seguridad, al parecer hace tiempo que lo tienen claro.

A mediados de marzo de 2022, el ex procurador general William Barr expresó que entre los principales objetivos de sus visitas en diciembre de 2019 y enero de 2020 estuvo el propiciar cambios sustanciales en la estrategia de seguridad mexicana, debido a que en su opinión el gobierno había perdido el control de lo que sucedía en el país. El expresidente Trump compartía tal opinión. Por ello, ante el evidente fracaso de las gestiones de Barr y presionado por el continuo incremento de muertes por sobredosis de ciudadanos norteamericanos, en la primavera de 2020, un grupo de alto nivel del gobierno estadounidense consideró la idea de enviar 250,000 efectivos de las fuerzas armadas para sellar la frontera con México[3]. En el verano de ese mismo año, Trump consultó con su entonces secretario de defensa -Mark Esper- la posibilidad de lanzar misiles para acabar con laboratorios de drogas en México[4]. Por fortuna, el envío de tropas a la frontera y el lanzamiento de misiles a territorio mexicano, antes que propuestas adecuadamente diagnosticadas, articuladas y viables, más bien ilustraron la exasperación del expresidente Trump con los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad.

A mediados de marzo de 2021, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck estimó que aproximadamente 30 a 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por grupos del crimen organizado trasnacional[5]. Este tema ha permanecido y ha ganado notoriedad en la agenda bilateral de controversias. En junio de 2022 alcanzó un nuevo punto álgido, luego que senadores republicanos expresaron fuertes críticas porque a su juicio el gobierno mexicano ha cedido territorios a los cárteles del narcotráfico. Un reciente reporte del Congreso norteamericano señala que el Departamento de Estado considera “alarmante” el control territorial alcanzado por los cárteles del narcotráfico, y estima que la cooperación bilateral en materia de seguridad se encuentra en su nivel más bajo de los últimos quince años[6].

Otro aliado fundamental en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, el gobierno colombiano, recientemente ha expresado su preocupación por la reducción de la cooperación de México en la lucha binacional en contra del narcotráfico, a pesar de la cada vez mayor presencia de cárteles mexicanos en ese país[7].

En distintas zonas de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, por citar algunos casos, el crimen organizado no solo ha logrado imponer representantes populares (presidentes municipales, diputados y gobernadores) sino también se ha hecho del control de actividades económicas esenciales, desde la producción, hasta el transporte y la comercialización de mercancías. En municipios de Guerrero, La Familia Michoacana controla desde la comercialización de productos básicos hasta el transporte público[8]. En otros municipios de esa misma entidad, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aliados locales como la denominada “Guardia Guerrerense”, controlan y están generalizando el cobro de piso y la extorsión[9]. En distintas zonas de Michoacán, diferentes grupos criminales extorsionan a productores e imponen cuotas a la comercialización del limón y del aguacate[10]. El Cártel de Sinaloa ha impuesto horarios al tránsito de personas, así como a la venta y precio de bebidas alcohólicas en esa entidad[11]. En Jalisco, Guerrero y Michoacán, el crimen organizado controla, explota y depreda ricas zonas forestales[12]. A escasos 90 minutos de la ciudad de México, en Valle de Bravo, quizá el principal polo turístico del estado de México, lugar de descanso de los más importantes empresarios del país y uno de los más destacados “Pueblos Mágicos”, La Familia Michoacana se ha hecho del control de la distribución de gas, del transporte de carga, del transporte público, de distintos servicios turísticos y hasta de la venta de pollo; impone sobreprecios a distintos productos y obliga a que se adquieran con un proveedor previamente determinado por ellos mismos[13].

No es solo que los grupos delictivos se hayan vuelto más fuertes o estratégicos, sino también que las capacidades de las fuerzas armadas en todos sus niveles han decaído y se han erosionado, abriendo las puertas a la impunidad y la criminalidad. Por ejemplo, un lunes de mediados de junio de 2022, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las instalaciones de la zona militar, con el usual garbo y presuntuosidad, se anunció el inicio del operativo Fuerza de Tarea Regional, con la participación de 500 elementos y cuyo objetivo principal era disminuir la incidencia delictiva. Al día siguiente, en esa misma ciudad, a plena luz del día, células antagónicas del crimen organizado se disputaron el control de la central de abastos y del mercado, sin que autoridad alguna se hiciera siquiera presente durante largas horas.

Este listado podría extenderse ampliamente hasta incluir temas o ámbitos hasta hace poco insospechados, tales como el control del CJNG sobre la producción y comercialización de medicamentos falsos[14]; la cada vez mayor penetración del Cártel de Sinaloa en el tráfico y comercio ilegal de especies silvestres hacia otros países[15]; o la incontable multiplicación de retenes armados que células de los cárteles del narcotráfico han impuesto en carreteras y caminos del país, tal como aquel que integrantes del Cártel de Sinaloa establecieron en la periferia del emblemático municipio de Badiraguato, en el cual se detuvo, inspeccionó e interrogó a parte del convoy de vehículos que acompañaba al Presidente López Obrador a una gira de trabajo por esa entidad a finales de mayo de 2022[16]. Esos puntos de control e inspección no son simples retenes sino, más propiamente, verdaderas barricadas donde se atrincheran células del crimen organizado para desde ahí llevar a cabo funciones de defensa, protección y control territorial. Y quizá en el más tétrico exceso de realidad, o en el extremo del surrealismo, madres, familiares y amigos de personas desaparecidas prácticamente deben suplicar a los capos locales para que les permitan buscar fosas clandestinas y restos humanos en zonas bajo su control[17]. El deterioro de las condiciones de seguridad ha sido tan veloz y profundo que, por un lado, actualmente solo 1 de cada 4 mexicanos está de acuerdo con la estrategia de seguridad vigente[18]; y, por otro, la continua barbarie asociada al ascenso y fortalecimiento de las organizaciones criminales ha sido tal que, como alguna vez escribió Canetti, incluso se ha apoderado de nuestras capacidades de asombro[19].

Un Estado exhausto, con capacidades al límite

El Primer Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (mayo 2020) contiene datos específicos sobre las capacidades con que cuenta el Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada: efectivo real (321,636), fuerza operativa (161,380), efectivo desplegado (135,146) y efectivo disponible (26,234) [20]. En otros términos, del total de la capacidad operativa con que se contaba en abril de 2020, 83.8% estaba desplegada y el restante 16.2%, una especie de reserva estratégica, en disponibilidad para lo que pudiera ofrecerse.

En los sucesivos informes mensuales y anuales, el “efectivo disponible” aparece como personal dedicado a “actividades diversas de apoyo a las operaciones”; es decir, aquellos integrantes de la fuerza operativa que no están desplegados pasaron de estar clasificados bajo la etiqueta de “efectivo disponible” a otra que indica que llevan a cabo “actividades diversas de apoyo a las operaciones”. Tiene algo de sentido el cambio de etiqueta, pues de “estar disponibles”, dando la impresión de que simplemente están a la espera de que se les despliegue, pasan a que al menos están realizando algún tipo de actividad de apoyo a las operaciones, aunque no estén desplegados. Si bien su etiqueta o clasificación se modificó, su función continuó siendo la misma: representar una especie de reserva estratégica del Estado mexicano en condición de disponibilidad para cualquier situación emergente que pudiese presentarse.

De acuerdo con el informe mensual de seguridad, correspondiente al mes de abril de 2022, la fuerza operativa sumó 249,651 elementos, el efectivo desplegado alcanzó 205,794 y el personal disponible o asignado a actividades diversas de apoyo fue de 43,857 efectivos[21]. Esto significa que en dos años la fuerza operativa para combatir a la delincuencia organizada se incrementó en 43.1%; el efectivo desplegado en 35.5% y la cantidad de elementos disponibles o en apoyo a las operaciones en 85.6%.

En dos años la reserva estratégica del Estado mexicano para hacer frente a la delincuencia organizada se incrementó en poco más de 20 mil efectivos, al pasar de 23,630 a 43,857. Vista con un poco de detenimiento, en términos operativos y prácticos, esta reserva estratégica es claramente insuficiente ante la grave situación de criminalidad e inseguridad que padece el país. Si para atender las urgentes necesidades de seguridad en el país se tomara la decisión de desplegar esa reserva estratégica, a cada entidad federativa del país llegarían 1,371 nuevos elementos, aproximadamente. Por turnos de 12 horas se desplegarían 686 y 457 por turnos de 8 horas. Si dicha reserva estratégica se desplegara entre las 240 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional serían 183 elementos por cada una. Si en ellas realizaran turnos de 12 horas serían 92 elementos y 61 por turnos de 8 horas.

De tal manera, incluso en el poco factible caso de que el Estado mexicano decidiera desplegar en las ciudades y calles del país la totalidad de su reserva estratégica-operativa para combatir a la criminalidad organizada, muy probablemente su impacto en el control de la violencia e inhibición de la criminalidad sería casi nulo, o muy modesto en el mejor de los casos.

A juzgar por el despliegue de capacidades registrado recientemente en respuesta a diversos sucesos límite, la eventual decisión de desplegar la totalidad o una parte significativa de esa reserva estratégica es algo altamente improbable. En octubre de 2019, luego del fallido intento por detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el Ejército Mexicano reforzó su presencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con solo 400 elementos[22]. En mayo de 2020, luego de que elementos del Ejército fueran perseguidos y expulsados en forma estridente de Nueva Italia, municipio de Múgica, en el estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa reforzó su presencia con solo 900 elementos, los cuales no se concentraron en Múgica sino que se dispersaron en distintos municipios de la entidad[23]. Estos y otros casos más, muestran que incluso ante eventos límite de importancia estratégica, el gobierno mexicano no es propenso a despliegues de fuerza numerosos y focalizados en áreas específicas de operaciones a fin de lograr un impacto favorable más contundente, eficiente y rápido.

Eficiencia en el desempeño a la baja en general y en zonas estratégicas

Hay además un importante problema de eficiencia en el desempeño operativo, tanto en términos generales como en zonas estratégicas para el control e inhibición de la violencia y la criminalidad en el país.

En los últimos tres años, el sustancial incremento en la cantidad de elementos del Ejército Mexicano que desempeñan funciones de seguridad pública no se ha traducido en un correlativo aumento en la cantidad de personas detenidas. Más bien, lo que se aprecia es lo contrario: las detenciones que realizan esos efectivos han disminuido significativamente. De acuerdo con datos oficiales, entre 2018 y 2021, la cantidad de elementos del Ejército en funciones de seguridad pública se incrementó 63.7% pero las detenciones se redujeron 19.6%. En esos mismos años, los homicidios dolosos prácticamente se mantuvieron estancados en el mismo nivel (34,657 versus 34,331, respectivamente)[24].

En el período 2018–2021, el sustancial incremento de elementos del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública ha implicado una reducción en la cantidad de personas detenidas y un nulo impacto en los niveles de violencia letal en el país. En contraste con el auxilio que prestan a la población en casos de desastres naturales, su eficiencia operativa en el ámbito de la seguridad pública nunca ha estado en niveles de excelencia; y, por lo demás, el tema de los criterios y parámetros asociados a un desempeño eficiente requiere de una detenida revaloración.

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Ricardo Marquez Blas

Zonas estratégicas para reafirmar la autoridad del Estado no han escapado a esta tendencia a la baja en la eficiencia operativa. Por ejemplo, en los dos meses que siguieron al famoso “Culiacanazo”, a pesar tanto de la gravedad de los hechos registrados como del reforzamiento de su presencia en esa ciudad, el Ejército no realizó una sola detención. De igual forma, en el caso del municipio de Aguililla, Michoacán, luego de que a mediados de octubre de 2019 murieran 14 policías en una emboscada del CJNG, y de que la cabecera municipal fuera tomada por más de un año por el mismo cártel, el 9 febrero de 2022, el Ejército ingresó a la cabecera municipal con 1,075 elementos[25]. Tres meses después de haber “recuperado” ese municipio, a pesar de la mortal emboscada, del largo tiempo que estuvo en poder de uno de los cárteles más violentos del país, y de la continuidad de los enfrentamientos en la zona entre grupos del crimen organizado, el Ejército reportó la detención de solo 2 personas.

En la estratégica zona del “Triángulo Dorado” sucede algo similar. Esta es una de las zonas más emblemáticas del narcotráfico en México, no solo porque en ella se producen distintas drogas ilegales sino también por ser cuna, refugio y santuario de algunos de los capos más connotados del país. Si se comparan las detenciones realizadas por el Ejército en los 41 meses iniciales de los últimos 4 sexenios en los municipios de Badiraguato (Sinaloa), Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Tamazula (Durango) y Canelas (Durango), se observa una importante caída de las mismas. La cantidad de detenidos en esos municipios alcanzó 70 con Vicente Fox, 101 con Felipe Calderón, 122 con Enrique Peña y 28 con Andrés Manuel López Obrador. Si la cantidad de detenciones registradas en la presente administración se compara con las correspondientes a cada uno de sus antecesores, las reducciones alcanzan 60%, 72.3% y 77%, respectivamente.

Lo mismo sucede en Badiraguato, quizá el municipio más emblemático para la historia del narcotráfico y el crimen organizado en México. En el lugar de origen de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, y Rafael Caro Quintero -entre otros-, las detenciones realizadas por elementos del Ejército registran una significativa reducción. En los 41 meses iniciales de Vicente Fox las detenciones sumaron 33, 70 con Felipe Calderón, 19 con Enrique Peña y 3 en la actual administración. Comparativamente, la caída en las detenciones ha sido de 90.9%, 96.2% y 84.2%, respectivamente. En breve: en el emblemático municipio de Badiraguato las detenciones del Ejército están en su nivel más bajo de las últimas cuatro administraciones presidenciales.

Más allá de la derrota del Estado: sociedad y ciudadanía

Todo anterior delinea la situación de derrota en que se encuentra el Estado mexicano: carece de las capacidades operativas, funcionales y de eficiencia necesarias para desalentar e inhibir la constante expansión territorial y funcional de las poderosas organizaciones del crimen organizado, desarticularlas y llevar ante la justicia a sus líderes.

Decía Brecht que cuando las fuerzas del bien están débiles el futuro está en tinieblas[26]. Aunque el Estado esté resquebrajado y técnicamente derrotado, queda la sociedad y la ciudadanía. Desde ellas y con ellas habrá que iniciar el rediseño y la reconstrucción de las capacidades institucionales y de la eficiencia operacional que el país requiere para recuperar el presente e iluminar el futuro.

Por un lado, convendría que autoridades de los distintos órdenes de gobierno, especialmente aquellas responsables de la gobernabilidad y la seguridad llevaran consigo aquella poética admonición de Frost que dice que antes de acostarse hay kilómetros por recorrer y promesas por cumplir[27]. Y, por otro, también convendría que sociedad y ciudadanía estén conscientes de que ya es ineludible enfrentar la interrogante que, de acuerdo con Gramsci, persigue y atormenta a escépticos e indiferentes: “si hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, mis ideas, ¿habría ocurrido lo que pasó?”[28]. En ambos casos, como alguna vez escribió el poeta medieval Bernard de Cluny: la elección entre el bien y el mal está llamando a nuestra puerta[29].

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[1] “El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Gramsci, Antonio. Quaderni dal Carcere. Torino, Einaudi, 1975.

[2] Brinton, Crane. Anatomy of Revolution. New York, Vintage Books, 1965. pp. 132-137.

[3] Sanger, D., Shear, M. and Schmitt, E. “Trump’s Pentagon chief quashed idea to send 250,000 troops to the border”. The New York Times. Oct. 19, 2021.

[4] Esper, Mark T. A Sacred Oath. Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times. New York, HarperCollins, 2022. p. 312. No está de más destacar que esta idea de lanzar misiles presupone que el gobierno norteamericano contaba entonces con información suficientemente confiable sobre los puntos específicos donde habría de lanzarlos. Información que muy probablemente no se compartió con el gobierno mexicano.

[5] López Zamorano, José. “México ‘ingobernable’: narco controla hasta 35% del país, dice EU”. El Financiero. Marzo 18, 2021.

[6] Congressional Research Service. Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. R41576. June 7, 2022. p. 35.

[7] Croda, Rafael. “vicepresidenta de Colombia dice que con AMLO bajó la cooperación binacional antidrogas”. Proceso. Junio 15, 2022.

[8] “Pone su ley el crimen en Tierra Caliente”. Reforma. Mayo 29, 2022.

[9] “Aprieta el crimen a Zihuatanejo”. Reforma. Junio 4, 2022.

[10] Arista, Lidia. “Crimen y extorsiones en Michoacán impactan precios de limón y aguacate”. Expansión. Febrero 22, 2022.

[11] “Del toque de queda a condicionar la venta de cerveza: así imponen los hijos del Chapo Guzmán sus reglas en Sinaloa”. El Diario de Chihuahua. Agosto 20, 2020.

[12] Osorio, Víctor. “Controla crimen zonas forestales”. Reforma. Julio 9, 2021.

[13] De Mauleón, Héctor. “El pueblo mágico de la delincuencia organizada”. El Universal. Junio 14, 2022.

[14] Castillo, Gustavo. “Se apodera el CJNG de la producción de medicinas piratas”. La Jornada. Marzo 17, 2020.

[15] Felbab-Brown, Vanda. La Caza Furtiva y el Tráfico de Vida Silvestre Ligados a China en México. Marzo 2022.

[16] Baranda, Antonio. “¿traen armas?, dicen en retén en Sinaloa”. Reforma. Mayo 27, 2022.

[17] Butrón, Jorge. “Criminales advierten a Cecilia Flores que deje de buscar a su hijo; mi vida está en riesgo, denuncia”. La Razón. Mayo 28, 2022.

[18] “Mexicanos reprueban a AMLO en manejo de seguridad; lo aprueban con estrategia de vacunación”. El Financiero. Abril 4, 2022.

[19] Canetti, Elias. The Conscience of Words. New York, Seabury Press, 1979.

[20] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Mayo 2020. p. 83. 

[21] Gobierno de México. Informe de Seguridad. Lunes 23 de mayo de 2022. pp. 31-32.

[22] Bustamante, Jesús. “Llegan 197 militares más a Culiacán”. Excelsior. Octubre 20, 2019.

[23] Estrada, Arturo. “Habitantes de Nueva Italia, Michoacán, acosan convoy de soldados enviados a la región”. El Financiero. Mayo 11, 2022.

[24] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

[25] Monroy, Jorge. “Ejército ingresa a Aguililla, Michoacán, y repliega al CJNG y los Cárteles Unidos”. El Economista. Febrero 9, 2022. 

[26] Wizisla, Erdmut. Walter Benjamin and Bertolt Brecht. The Story of a Friendship. London, Verso, 2016. p. 184.

[27] Lathem, Edward C. Editor. The Poetry of Robert Frost. The Collected Poems. New York, Holt, 1979. pp. 224-225. 

[28] Gramsci, Antonio. Odio Gli Indifferenti. Milano, Chiarelettere, 2015.  

[29] Cfr. Dyson, Freeman. The Scientist as Rebel. New York, New York Review of Books, 2008. p. 338.